Estimando la legalidad de la madera en el Perú

¿Cuáles son los costos directos e indirectos y los tiempos asociados para producir y exportar madera y productos de madera en el Perú?, ¿cuánto cuesta ser un empresario de madera legal?. Un estudio de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), USAID, el Servicio Forestal de EE. UU. y la FAO  dará respuesta a estas y otras preguntas en unos meses cuando concluya la identificación, caracterización y estimación de los procesos que permiten la producción, y comercialización interna y externa de madera legal en el Perú.

De acuerdo al análisis económico del sector forestal de CITEmadera (2015), el mercado interno representa aproximadamente el 90% de las ventas de este sector en el Perú. A pesar de ello, la mala reputación del sector forestal peruano se presenta por la madera que se comercializa en los mercados internacionales. Aunque se carece de cifras exactas, un estudio del Banco Mundial del 2006 que suele citarse como referencia, indica que el 80% de la madera producida en el país, se aprovecha de manera ilegal. Otros estudios presentan cifras que fluctúan entre el 60 y 90%. Según estimaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF, 2018), el costo anual para la economía peruana de la tala ilegal se ha estimado en más de 200 millones de dólares.

En la actualidad, la tala legal de árboles -cuyo aprovechamiento debe ser sostenible, sin causar degradación del bosque- se da, principalmente, a través de las concesiones forestales y permisos, modalidades de acceso legal al bosque contempladas en la legislación forestal peruana actual, mediante la cual el Estado le otorga a un concesionario o comunidad que cumple con una serie de requisitos el derecho de aprovechamiento de madera en tierras aptas para producción forestal. Sin embargo, existen informes sobre tala ilegal que reportan irregularidades relacionadas a los planes de manejo, instrumentos que guían el aprovechamiento forestal de los concesionarios y las comunidades, así como en las Guía de Transporte Forestal, permisos de transporte que solo se expiden a quienes tienen este derecho o a quienes hayan comprado madera de un concesionario o comunidad.

Para conocer a profundidad los retos que supone la legalidad, el viernes 26 de abril pasado, la PCM convocó a representantes de todas las organizaciones que tienen que ver con este tema, para participar de la presentación de los objetivos y metodología del estudio: Estimando y Mejorando la Legalidad de la Madera en el Perú, estudio que tiene como objetivo, entre otros, determinar el costo de acceso legal a la madera; caracterizar y cuantificar la cadena de suministro que se origina del aprovechamiento de madera; e identificar casos de buenas prácticas de aprovechamiento forestal en las regiones amazónicas del Perú. Esto supone el análisis de todos los actores involucrados en los distintos momentos de la cadena de valor.

La reunión contó con la participación de la UIF de la Superintendencia de Banca y Seguros, la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente de Ministerio Público, SERFOR, Osinfor, FSC Perú, la Agencia de Investigación Ambiental (EIA), la empresa Green Gold Forestry y las organizaciones a cargo del estudio (PCM, FAO, USAID y el Servicio Forestal de los EE.UU. ).

El estudio nos permitirá conocer el costo de los procedimientos administrativos. Para ello, se cuantificará los costos directos, indirectos y tiempos asociados para producir y exportar madera y productos de madera, y se identificará la cantidad de pasos, días, documentos e instituciones involucradas para obtener los permisos de comercio y el costo de estos por contenedor y metro cúbico.

Poder conocer y caracterizar las diferentes modalidades de ilegalidad en la cadena de valor de la madera, así como elementos concretos para reducir los entornos permisivos a la ilegalidad e informalidad, es otro de los objetivos que se busca alcanzar con esta investigación; uno de los mayores legados de este esfuerzo será el desarrollo de una metodología efectiva y de bajo costo para monitorear el avance de la tala y comercialización legal e ilegal, información con la que se podrá ajustar o formular nuevos marcos de promoción del sector forestal. El estudio estará listo en el segundo semestre del año para brindarnos importantes insumos para revertir la situación y para que se puedan diseñar sistemas efectivos de verificación de la legalidad forestal.

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