Como principio, toda información que posee el Estado se presume pública, salvo en los casos en que la información afecta la intimidad personal o familiar, está protegida por el secreto bancario, tributario, comercial, industrial o tecnológico; también cuando involucra asuntos de inteligencia o seguridad nacional, así como en los casos de información militar clasificada o relacionada a negociaciones internacionales. Cuando una investigación de la Administración Pública se ha iniciado hace menos de seis meses y aún no tiene una resolución final, también es información que no se puede divulgar. Salvo en todas estas situaciones, todo ciudadano tiene derecho a acceder a la información pública de las instituciones del Estado, para lo cuál existen mecanismos para solicitarla y acceder a ella.

El sector forestal empieza el año con una fotografía del estado actual de la transparencia en cuatro instituciones responsables de los bosques peruanos. Esto, como punto de partida para desarrollar una metodología que permita mejorar la transparencia y el acceso a la información de los usuarios del sector, e implementar portales de transparencia forestal en los gobiernos regionales, sobre todo en aquellos donde el sector forestal es relevante.

El informe, elaborado por el Grupo de Trabajo de Información Forestal y de Fauna Silvestre, con el apoyo de FOREST -programa de USAID y el USFS- y la participación de la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), viene afinándose para ser publicado y presentado próximamente. Este, documenta el estado de la implementación de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre del Perú (SERFOR), en el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR) y en los Gobiernos Regionales de Loreto y Ucayali, y sirve como base para identificar qué mecanismos aún faltan implementarse para un mejor acceso a la información pública y para poder evidenciar las mejoras que se realicen a futuro.

Tres aspectos fueron analizados en estas instituciones. El cumplimiento de la legislación sobre Portales de Transparencia del Estado; el acceso a la información pública, y la disponibilidad de la información pública del sector forestal. En el primer caso, los portales de transparencia del Estado son la ventana a la administración pública que facilita la vigilancia ciudadana. Se analizó la posibilidad de los ciudadanos de acceder a información como, por ejemplo, la ejecución del presupuesto, los proyectos de inversión en ejecución, las declaraciones juradas de los funcionarios públicos, entre otros.

Si adelantamos algunos resultados obtenidos, podemos afirmar que las cuatro instituciones cumplen con más del 65% de la información obligatoria que deben tener sus portales de transparencia (el análisis incluyó los portales institucionales y los de transparencia estándar). Distinto es el caso del acceso a la información pública, donde SERFOR y los dos gobiernos regionales han implementado solo el 50% de las 22 variables que son medidas en esta categoría. Allí se realizó un análisis objetivo de los mecanismos que las cuatro instituciones están implementando para mejorar la atención a las solicitudes de información pública que realizan los ciudadanos. Se midieron aspectos relacionados a la planificación, capacidad de gestión y evaluación de los servicios de atención al ciudadano en los procesos de solicitud de acceso a la información pública.

En lo referido a la disponibilidad de información pública del sector forestal, se midió en las instituciones la disponibilidad de información relevante para la gestión y conservación de los recursos forestales. Se encontró que, en promedio, las cuatro instituciones difunden solo el 33% del total de la información de la que disponen. Otro resultado interesante es que sobre el 55% de las variables que miden este aspecto, existe disponibilidad de información en al menos una de las cuatro instituciones consultadas, lo que, mediante procesos de interoperabilidad, permitiría que todas las instituciones cuenten con dicha información.

Algunos resultados del informe de transparencia forestal fueron compartidos en eventos abiertos a finales de diciembre, en Loreto y Ucayali y tuvieron una participación de alrededor de 100 personas, entre representantes de la sociedad civil, concesionarios y regentes forestales, instituciones académicas e instituciones de gobierno. Se espera compartir la publicación final en el lapso de este primer trimestre del año. El informe fue desarrollado por la ONG DAR -por encargo del programa FOREST- y se utilizó una metodología basada en pautas aprobadas por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información del Perú (ANTAI).

De acuerdo a Fiorella Rodríguez, especialista legal de la ANTAI, “Acompañar el proceso fue bastante retador porque nosotros dominamos el tema pero verlo desde el lente forestal, focalizar la transparencia por un sector, es la primera vez que se hace. Al inicio, asistimos para fortalecer los conceptos, aclarar definiciones, el marco legal vigente y eso fue un punto importante de inicio con el grupo de trabajo. Trabajamos para que todos entendamos la transparencia como un derecho fundamental y como una pieza principal para nuestro Estado. Ahora, con este informe ya tenemos mapeados cuáles son las dificultades, para empezar a trabajar para mejorar la situación”.