Los Gobiernos Regionales se crearon en 2003, en el marco de una nueva política de descentralización. Dentro de la transferencia de funciones de los ministerios a las regiones, se encontraban las relacionadas con temas agrarios y, por ende, también forestales. Las funciones transferidas en materia forestal estaban relacionadas con el desarrollo de acciones de control y vigilancia para garantizar el uso sostenible de los recursos naturales en cada jurisdicción; el otorgamiento de permisos, autorizaciones y concesiones forestales; y el ejercicio de labores de promoción y fiscalización.
Aporta, Serie Contribuciones a la Gobernanza del Sector Forestal es un documento que da cuenta del avance y retos del sector forestal y de las autoridades forestales nacionales y regionales a cargo del patrimonio forestal peruano, en el marco de la cooperación técnica brindada por USAID y el Servicio Forestal de los Estados Unidos, a través del programa FOREST, desarrollado entre los años 2018 y julio de 2022 con el objetivo de contribuir al fortalecimiento institucional de SERFOR, OSINFOR y las autoridades forestales y de fauna silvestre de Loreto, Ucayali y Madre de Dios, así como a contribuir con una mayor cantidad de hectáreas de bosques bajo manejo sostenible.
En 2015 —un año después de que el Estado peruano definiera que algunos sectores productivos tenían más potencial para el desarrollo de la economía del país a largo plazo— el Ministerio de la Producción creó las Mesas Ejecutivas (ME): grupos de trabajo conformados por actores públicos y privados que debían identificar y resolver cuellos de botella y barreras burocráticas que impedían el despegue de los sectores económicos identificados como prioritarios por su potencial. En ese contexto nace la Mesa Ejecutiva para el Desarrollo del Sector Forestal, espacio que posteriormente continuó su trabajo bajo el liderazgo del Ministerio de Economía y Finanzas.
Los bosques que se encuentran en los territorios de las comunidades indígenas de la Amazonía o que han sido asignados a estas para su aprovechamiento, tienen una extensión de 12.7 millones de hectáreas. De acuerdo con OSINFOR, esto representa el 17% de la superficie total de bosques a nivel nacional. Por ello, es necesario considerar a estas comunidades como actores clave para impulsar los procesos de conservación de bosques y mitigar, por ejemplo, los efectos del cambio climático.
El Perú cuenta con un gran potencial para el desarrollo de actividades forestales sostenibles, que podrían contribuir significativamente a su desarrollo y al bienestar de sus poblaciones. Por esta razón, el Estado Peruano ha trabajado en la promulgación de políticas y normas, así como en la articulación de acciones, que permitan reducir la tala y comercio ilegal de madera. No obstante, hasta hace muy poco se contaba únicamente con estudios que estimaban la tala y el comercio ilegal de manera indirecta, lo cual daba pie a especulaciones y cierto nivel de incertidumbre para los actores involucrados en el sector forestal.
Uno de los problemas que enfrenta el sector forestal es el de las actividades ilegales presentes en las diferentes partes de la cadena de valor que se puede generar a partir de los bosques, ya que afectan la competitividad y causan daños ambientales que, en muchos casos, pueden ser irreversibles. A pesar de la magnitud del problema, aún existen vacíos respecto a la conceptualización de la ilegalidad dentro de la cadena de valor de la madera, así como también para describir y catalogar adecuadamente estas actividades ilegales.
La presente publicación, que se enmarca en el estudio “Estimando y mejorando la legalidad de la madera en el Perú”, tiene por objetivo proponer una metodología sencilla y replicable para la determinación de un índice que permita valorar los flujos ilegales de madera en el país; es decir, los volúmenes de madera que se llegan a incluir en los registros y estadísticas oficiales y, por tanto, son susceptibles de ser medidos (Navarro et al., 2010; Pautrat y Lucich, 2006).
El libro “Flujos I Oferta, demanda y características de la cadena de suministro de madera” se enmarca en el estudio “Estimando y mejorando la legalidad de la madera en el Perú”, y tiene como principal objetivo caracterizar y cuantificar la cadena de suministro de madera del país, que tiene su origen en la extracción de madera en las principales regiones de producción forestal. Su desarrollo incluye el análisis de los actores involucrados, de las especies y volúmenes, rendimientos, requerimientos de empleo por eslabón y modalidades de operación, entre otros.
La publicación “Costos I ¿Cuánto cuesta ser legal en el Perú?” se enmarca en el estudio “Estimando y mejorando la legalidad de la madera en el Perú”, y tiene como objetivo determinar el costo del acceso legal para los planes operativos (PO) de las principales modalidades de acceso para el aprovechamiento forestal de madera.
La publicación “Exportación e importación I Tiempos y costos en los procedimientos de exportación e importación de madera” se enmarca en el estudio “Estimando y mejorando la legalidad de la madera en el Perú”, y tiene como objetivo principal cuantificar los procedimientos y los costos —en valor y tiempo— de la cadena de valor para la exportación e importación de productos de madera, tanto de especies CITES como no CITES.